Trapitos al sol

Más derivaciones del caso Papel Prensa

Publicado en La Verdad Obrera nº393

Por Martín Espinosa

Cruce de acusaciones entre el gobierno y el ex fiscal Strassera

Julio César Strassera, el ex fiscal que ganara prestigio con el Juicio a las Juntas en 1985, desde hace un mes es blanco de las críticas por parte del gobierno. Todo arrancó luego de que afirmara que “no existían pruebas” de que Lidia Papaleo de Graiver hubiera sido presionada en 1976 a firmar la entrega de las acciones de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón.

Tras el alineamiento de Strassera y sus correligionarios con los Noble-Magnetto, Aníbal Fernández lo calificó como “un personaje despreciable” que “pasó a ser buen personaje con el juicio a las juntas militares, pero en el Proceso tuvo un gesto horrible y de un maltrato a los detenidos, superlativo”.

A su vez la presidenta recordó que al ex gobernador de Santa Cruz, Jorge Cepernic, cercano a Montoneros, Strassera (designado fiscal por la dictadura) le denegó un Habeas Corpus tras ser detenido por los militares en el ‘76. Cristina lanzó esa frase luego de que el ex fiscal fuera homenajeado por la UCR al cumplirse un nuevo aniversario del informe de la CONADEP conocido como “Nunca Más”, documento madre de la versión alfonsinista sobre los ‘70 donde se despliega la nefasta teoría de los “dos demonios” (que equiparaba al terrorismo de Estado con la guerrilla y toda expresión política radicalizada).

En verdad no sorprende el rol de Strassera durante la dictadura. Como afirmó Myriam Bregman, abogada del CeProDH y el Colectivo Justicia Ya! en el programa Pateando el Tablero de AM Splendid, “Strassera en la dictadura mandó archivar la causa de los curas palotinos en dos oportunidades. En la dictadura ya era fiscal, juró por las actas del Proceso y ahora dice que jamás le dijeron que robaron Papel Prensa”.

Efectivamente el juez Guillermo Rivarola fue quien primero investigó la “Masacre de San Patricio” ocurrida en Belgrano en julio de 1976, donde fueron asesinados cinco religiosos. Y lo hizo entre el ‘76 y el ’77, cuando el fiscal a cargo era el mismo Strassera. A pedido de éste la causa fue sobreseída provisionalmente, por que no se habían encontrado “responsables” y luego volvió a caer debido a “falta de elementos” para avanzar.

Pero en todo cruce de acusaciones la verdad (parcializada) suele colarse. Strassera contraatacó los dichos de Cristina acusando a los K de haberse dedicado exclusivamente “a hacer plata” durante la dictadura.

Claro, no está diciendo nada nuevo. Investigaciones periodísticas aportaron datos (nunca desmentidos) en los últimos años que cuentan cómo el matrimonio se trasladó de La Plata a Río Gallegos tras el golpe y, en apenas cinco años, lograron multiplicar su patrimonio.

Lejos de los “derechos humanos” Néstor y Cristina se dedicaron en esos años al rubro “cobranzas y recupero”. Desde el Estudio Kirchner lograron buenos dividendos asociados a bancos y financieras y bien vinculados con el poder militar de la provincia.

Quien acercaba nuevos negocios al Estudio era Armando “Bombón” Mercado. El entonces marido de Alicia Kirchner manejaba el Sindicato Petrolero (SUPE) de Santa Cruz, alineado con la ortodoxia derechista del peronismo. Él acercó inquilinos de YPF a la veintena de propiedades de Néstor y los contrató a él y a Cristina como abogados del gremio.

Parece que los trapitos no quieren dejar de salir al sol, entre las acusaciones cruzadas y la puja entre burgueses como la del gobierno con Clarín. Sin dudas la dictadura es un tema muy caro a la clase social que llamó al golpe; los capitalistas, sus instituciones y partidos.

Intereses nada públicos

El proyecto del gobierno para Papel Prensa

Publicado en La Verdad Obrera nº390

Por Daniel Satur y Martín Espinosa

El capítulo “Papel Prensa” de la disputa entre el gobierno y Clarín destapó una historia sangrienta. La puja por controlar la producción del papel para diarios siempre estuvo cargada de lobbies, aprietes y hasta asesinatos. La historia de Papel Prensa está impregnada de esa lógica, desde su mismo origen en 1969. Si bien la disputa con la última dictadura superó todos los límites, el ingreso de David Graiver en el negocio durante el gobierno de Lanusse no careció de irregularidades. El joven banquero había multiplicado su fortuna como empresario y funcionario del Estado. Aliado a José Ber Gelbard (ministro de Economía de Perón y dueño del monopolio del aluminio ALUAR), Graiver le administraba los fondos al Obispado platense en tiempos del fascista Monseñor Plaza a través del Banco Comercial de La Plata. Todo un exponente de la burguesía nacional agrupada en la CGE, hoy reivindicada por el “setentismo” de Cristina, que en esa alianza con el Estado ve un proyecto “dearrollista”, ocultando de paso que fue ese “empresariado nacional” el que impuso el pacto social junto a la CGT de Lorenzo Miguel, congelando salarios y reprimiendo las huelgas y protestas que se “salían del cauce”.

Aquellos choques por el control del papel de diarios demuestran, sin dudas, el carácter estratégico de esta industria. “Controlar el papel es controlar la información”, escribieron conjuntamente Clarín y La Nación el martes 24 de agosto. Los dueños privados de Papel Prensa (poseedores del 70% de las acciones) reconocían así el rol que les cabe. Ese mismo día Cristina Fernández presentaba el informe “Papel Prensa - La Verdad”, denunciando a esos medios por cometer “delitos de lesa humanidad” al quedarse con la papelera y anunciando que enviaría un proyecto al Congreso para declarar de “interés público” la producción y venta de pasta celulosa y papel para diarios. Proyecto cuyo destino dependerá de la relación de fuerzas que logren el oficialismo y la oposición en el parlamento.

Dueños de la palabra

Clarín ostenta el 49% de las acciones de Papel Prensa, La Nación el 22,5% y el Estado el 28%. Pero lo que salga del Congreso no parece representar amenaza alguna a la propiedad de “los monopolios”. El gobierno fue claro. Lo que busca es un acceso igualitario al papel para el conjunto de las empresas periodísticas.

Es que, en su condición de accionistas mayoritarios, Clarín y La Nación regulan el mercado, manejando a discreción los precios y volúmenes producidos, “discriminando” desde 1978 a otras empresas que deben importar un papel más costoso.

Detrás de los histéricos llamados de Clarín y La Nación a defender su “libertad de prensa” se esconde la más brutal defensa de la “libertad de empresa” para mantener los privilegios capitalistas.

Los clientes de Papel Prensa son casi todos los grandes diarios provinciales, nucleados junto a Clarín y La Nación en ADEPA (Asoc. de Entidades Periodísticas Argentinas). De los casi 200 diarios argentinos, Papel Prensa le provee bobinas a unos 170, alcanzando una producción de 170 mil toneladas anuales (la demanda total es de 266 mil). El resto lo importa o le compra a Papel de Tucumán, la otra fábrica de papel de diarios del país, propiedad de Alberto Pierri (ex presidente de Diputados durante el menemismo), que vende papel más caro y de menor calidad.

Por esas “desventajas”, el fundador de Crónica, Héctor García, y el menemista Julio Ramos, el fallecido creador de Ambito Financiero (que quedó afuera de aquel negociado durante la dictadura), se declararon enemigos de Clarín.

Hoy el gobierno organiza la “queja” de algunos diarios regionales, volcando parte de la publicidad oficial en sus páginas a cambio del apoyo a sus medidas. Parte de esos medios formó DYPRA (Diarios y Periódicos Regionales Argentinos) una asociación integrada por, entre otros, Diagonales de La Plata (de Sergio Spolsky), La Mañana de Córdoba (otro diario fundado por Julio Ramos) y EcoDías de Bahía Blanca (un semanario ligado al kirchnerismo y la burocracia sindical).

El objetivo oficial no es otro que favorecer a empresarios aliados para que tengan las mismas posibilidades comerciales que sus adversarios. Un objetivo marcado por la urgencia de contar con un fuerte aparato de propaganda para las elecciones de 2011.

El papel más barato sería una gran noticia para el grupo Spolsky (Tiempo Argentino, Miradas al Sur, Diagonales, El Argentino, BAE, Revista Veintitrés y Radio América) para Página/12, para Crónica (en manos de un grupo ligado a la UOM) y decenas de diarios oficialistas del conurbano y el interior.

Los intereses millonarios en juego lejos están de los “intereses públicos”. Nada tiene que ver este tironeo burgués con las necesidades de los millones de trabajadores.

Hoy como ayer, de forma más o menos violenta, la pelea que se esconde detrás de Papel Prensa es una pelea entre capitalistas.

El papel en nuestras manos

Fue Lenin quien dijo que “esa libertad será un engaño mientras las mejores imprentas y grandísimas reservas de papel se hallen en manos de los capitalistas y mientras exista el poder del capital sobre la prensa (…). A fin de conquistar la igualdad efectiva y la verdadera democracia para los trabajadores, para los obreros y los campesinos, hay que quitar primero al capital la posibilidad de contratar a escritores, comprar las editoriales y sobornar a la prensa, y para ello es necesario derrocar el yugo del capital”.

Al igual que la Ley de Medios (que acaba de ser reglamentada por un decreto presidencial), el proyecto oficial para la industria del papel prensa es otro capítulo en el intento kirchnerista por reconfigurar el mapa mediático en beneficio de empresarios amigos.

Una democratización real del acceso y la producción de información es imposible bajo la lógica capitalista que sostienen y defienden tanto Cristina como Clarín. Para que esa democratización sea una realidad, el conjunto de los recursos de la comunicación masiva, empezando por la infraestructura para producir y transmitir información deben pasar a manos de la clase trabajadora. Si el papel, los cables, las antenas, las rotativas y demás instrumentos para producir los medios de comunicación no son administrados y distribuidos equitativamente por y para el conjunto de la población, cualquier discurso en nombre de la “libertad” no hará más que encubrir restricciones basadas en la apropiación de los bienes sociales en manos de unos pocos.

Papel Prensa sólo será “pública” cuando sea expropiada sin indemnización y su producción y distribución sean puestas bajo control de los trabajadores papeleros, químicos, gráficos y de prensa.

Y sólo habrá real “libertad de expresión” para todos cuando el conjunto de las organizaciones obreras y populares, comisiones internas, sindicatos y partidos de izquierda (que hoy no tienen derecho a la expresión en los medios masivos, privados o estatales) tengan acceso gratuito al papel para difundir sus ideas y opiniones sin restricciones ni censura.

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Letra muerta

El “interés público” del que habló la presidenta por cadena nacional sólo existe en la letra muerta del proyecto de ley que el viernes último ingresó a Diputados.

En apenas seis artículos el gobierno echó por tierra con toda expectativa progresista.

En concreto el proyecto deja en manos de una Comisión Bicameral de ocho diputados y ocho senadores (con mayoría de la oposición clarinista) la “responsabilidad” de seguir de cerca las reuniones del directorio de Papel Prensa. Garantía de confianza…

Y por si fuera poco, propone la formación de un “Consejo Consultivo” integrado por directivos de todos los diarios del país (¡sí, de ADEPA!), quienes sugerirán a esos diputados y senadores cómo deben “controlar” a Papel Prensa.

En las redacciones de los grandes diarios capitalinos y provinciales, íntimamente ligados a gobernadores e intendentes, ya están afilando el lápiz para sentarse a negociar.

Son miembros de ADEPA, entre otros, el Grupo Clarín (La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza), el Grupo Vila/Manzano (La Capital de Rosario, UNO de Mendoza, UNO de Paraná), Klaiserburd (El Día de La Plata), Massot (La Nueva Provincia de Bahía Blanca), Montes (Diario de Cuyo de San Juan), Romero (El Tribuno de Salta, El Tribuno de Jujuy) y Ulloa (El Periódico Austral de Santa Cruz).

Qué papel nos toca

Papel Prensa: entre Derechos Humanos y pujas capitalistas

QUé PAPEL NOS TOCA

Publicado en La Verdad Obrera nº389 

Por Daniel Satur

El 18 de septiembre se cumplen cuatro años de la desaparición de Julio López. En aquel momento Néstor Kirchner llevaba tres años de gobierno. Eran tiempos de excelentes relaciones con Clarín, al punto que entre los dos (junto a otros medios y políticos patronales) se encargaron de silenciar y ocultar la desaparición del testigo clave en el juicio que condenó al genocida Etchecolatz. Clarín aumentaba sus negocios en paz mientras los K hablaban de “memoria” y “derechos humanos” para la tribuna.

Pero aquella armonía es parte del pasado. La apropiación de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, la Ley de Medios, el Fútbol para Todos, Fibertel y Papel Prensa son ahora las puntas de lanza oficiales para disputar poder y negocios con uno de los monopolios mediáticos más grandes de América Latina.

Papeles manchados

La causa por la identidad de Felipe y Marcela Noble se trabó en laberintos judiciales. Por eso ahora el gobierno transformó el caso Papel Prensa en “causa nacional”. El gobierno hizo pública esta semana una denuncia que explica el negociado entre Clarín, La Nación y los militares para quedarse en 1976 con la productora del insumo básico de los diarios. En un acto en la Casa Rosada, junto a funcionarios y burócratas sindicales y al que también asistieron Hebe de Bonafini y la viuda de David Graiver, CFK relató parte de la historia y anunció una presentación judicial para que se investigue el caso. A su vez dijo que enviará al Congreso un proyecto para declarar de interés público la producción, distribución y circulación de pasta de celulosa y papel de diario, regular un acceso “igualitario” al mercado para todas las empresas periodísticas gráficas y crear una Comisión de diputados y senadores que “observen” las reuniones de directorio de Papel Prensa.

El discurso presidencial reprodujo un secreto a voces conocido hace años: Papel Prensa surgió de una asociación entre los militares, Clarín, La Nación y La Razón. Pero a ese relato el kirchnerismo agregó ahora la denuncia sobre el arrebato, bajo amenazas y torturas, de las acciones de la papelera a los Graiver, sumando en su “cruzada” a Lidia y Osvaldo Papaleo (de reconocida militancia en la derecha peronista de los ’70). Lidia Papaleo es la viuda de David Graiver, “un empresario ligado al sector de Gelbard”, líder de un holding con “intereses en Argentina, México, Panamá, Venezuela, Bélgica y Luxemburgo. En agosto de 1976, Graiver murió en un extrañísimo accidente aéreo en México. Su desaparición se produjo unos días antes de que dos de sus principales empresas quebraran y dejaran una deuda de más de 50 millones de dólares. Ex funcionario de Lanusse y amigo personal de Monseñor Plaza, Graiver era, además, propietario del 45% del diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, quien tenía excelentes relaciones con Viola” 1.

Lidia y Osvaldo Papaleo aseguran que Papel Prensa les fue robado. Pero otros miembros del Grupo Graiver dicen lo contrario. Isidoro, hermano de David, acaba de hacer pública su versión de los hechos donde afirma: “realizamos la venta de nuestros activos en las mejores condiciones que pudimos obtener, sin amenazas ni extorsiones y en libertad”. A su vez María Sol, hija del fallecido empresario, manifestó que tampoco ella tiene nada de qué acusar a Clarín y La Nación (Clarín, 25/08).

Si la idea es jugar al Gran Bonete, donde todos se acusan y al final nadie tiene la verdad, Clarín y el gobierno van por buen camino.

Los trapitos al sol que se están sacando unos y otros muestran en definitiva lo que le cabe al conjunto de la “burguesía nacional”. Todos fueron cómplices de la dictadura, incluso aquellos que, como consecuencia de las pujas de intereses millonarios, terminaron sufriendo secuestros, torturas y hasta asesinatos.

Lesa propiedad

Lidia Papaleo y otros miembros del Grupo Graiver sufrieron los mismos tormentos y vejaciones que los genocidas aplicaron al conjunto de la vanguardia obrera y popular. La relación entre estos empresarios nacionales (nucleados junto a otros grupos, como Madanes/ALUAR, alrededor de José Ber Gelbard y la CGE) y Montoneros fue el argumento esgrimido por los militares para justificar sus secuestros. Aunque los Graiver nunca reconocieron esa relación, Montoneros la confirmó mediante documentos que hizo públicos por esos años.

Los responsables de las violaciones a los derechos humanos deben ser condenados, hayan sido sus víctimas obreros, de clase media o incluso empresarios.

Sin embargo, lo más revelador de la historia de Papel Prensa es la “sociedad” existente entre el conjunto del empresariado y la dictadura genocida. Techint tenía campos de concentración en su propia fábrica. En centenares de empresas los gerentes posibilitaban que fueran chupados delegados y comisiones internas enteras. Jacobo Timerman y su hijo Héctor (hoy Canciller kirchnerista) aplaudían desde sus diarios a la dictadura. Y mientras tanto Clarín y La Nación negociaban más poder económico.

¿El “interés público” en manos privadas?

En el discurso de la Casa Rosada Cristina Kirchner definió al papel con el que se editan los diarios como un insumo de “interés público”, considerando que quien controla el papel, controla la palabra.

Si las miles de toneladas que produce Papel Prensa siguen quedando en pocas manos y las ganancias millonarias son usufructuadas sólo por la “sociedad” entre Clarín, La Nación y el gobierno de turno, la única salida realmente democrática es la expropiación de Papel Prensa, sin indemnización alguna y administrada directamente por un directorio común de los trabajadores de la fábrica y los trabajadores de prensa. Que toda “reparación” a la viuda de Graiver y sus familiares sea realizada por los propios diarios Clarín y La Nación con sus arcas millonarias. Los Kirchner dicen que el papel para diarios es de interés público.

Entonces que se nacionalice el conjunto de la producción nacional de ese insumo. Además de Papel Prensa hay que nacionalizar todas las papeleras, entre ellas Papel de Tucumán -propiedad de Alberto Pierri-, la segunda proveedora de papel de diarios a nivel nacional.

El objetivo del gobierno es garantizarles a todos los empresarios “la seguridad jurídica y las reglas del libre comercio”. Su “proyecto” no va más allá de lograr una competencia igualitaria entre grandes empresas periodísticas afines y los grupos con los que hoy está enfrentado. Hace años viene financiando a diarios como Página/12 o El Argentino, a canales como C5N o a radios como Del Plata y América. Así multiplicó varias veces el presupuesto de pauta publicitaria oficial destinada a sostener verdaderos aparatos de propaganda, privados y estatales. Y ni hablar de la estrecha relación entre el kirchnerismo y Telecom, en manos del monopolio Werthein, uno de los botines de las privatizaciones menemistas.

La libertad de expresión y de prensa pregonada tanto por el gobierno como por sus adversarios es incompatible con las propias leyes del mercado que tanto unos como otros defienden.

El conjunto de los recursos de la comunicación masiva, la infraestructura para producir y transmitir información, el papel, las ondas, las pantallas, los cables, las antenas y demás instrumentos (incluidas las redes y centrales telefónicas privatizadas en los ’90, Telefónica y Telecom, que hoy son aliadas del gobierno en el jugoso negocio que se abriría con la caducidad de Fibertel) deben dejar de estar en manos de esos pocos grupos privados. Es necesario que todos los medios de comunicación e información sean quitados de la influencia del lucro capitalista y pasen a estar en manos de los trabajadores.

Si los capitalistas y sus partidos cuentan con todos los medios para adquirir toneladas de papel, es indispensable el acceso gratuito de ese mismo insumo para todas las organizaciones obreras y populares, comisiones internas, sindicatos y partidos de izquierda, de forma tal que la difusión de ideas y opiniones se desarrolle sobre bases realmente democráticas.

Todo lo demás, aunque se tiña de épico, es un papel de reparto para los trabajadores y el pueblo.

1 - Hernán Brienza, “Madito tú eres. Iglesia y repersión ilegal”, Editorial La Marea, Buenos Aires, 2003

¿Clarín seguirá estando nervioso?

Publicado en La Verdad Obrera nº385

Por Daniel Satur

Con la Ley de Medios aún en stand by, la pelea entre el kirchnerismo y Clarín se centra en la lucha por el control de Papel Prensa y en las derivaciones de la causa contra Ernestina de Noble por la apropiación de dos menores durante la dictadura. Ambos temas se discuten en los medios, de uno y otro lado se dispara artillería pesada y hasta puede que alguno salga herido en la batalla.

Sin embargo, a pesar de los discursos sobre “libertad”, “verdad” y “justicia”, tanto la camarilla gobernante como los monopolios mediáticos nada tienen para ofrecer a los millones de personas que trabajan 10 o 12 horas diarias, por salarios miserables y sin el más mínimo derecho a la expresión, a la organización y a la protesta.

Papelones

El kirchnerismo quiere intervenir más y participar mejor de las ganancias de Papel Prensa, la empresa productora del insumo básico para los diarios. Allí el Estado es socio de Clarín y La Nación desde 1978, cuando Videla, Ernestina y los Mitre sellaron un pacto sangriento repartiéndose las acciones arrancadas en las salas de tortura a los empresarios originales.

Varios funcionarios y medios oficialistas focalizan sus discursos en ese pasado nefasto de los dos diarios de mayor tirada. El secreto a voces que siempre fue la historia de Papel Prensa ya se relata en notas periodísticas, libros e informes televisivos.

Pero negocios, son negocios. El Gobierno sabe que blandiendo esos prontuarios puede seducir a una base social (sobre todo sectores medios) dispuesta a escuchar azorada los chanchullos de algunos especímenes de las clases dominantes. Pero sabe también que esa batalla discursiva no implica necesariamente ir a fondo en la guerra económica.

Cristina dijo que impulsará “un precio igualitario y cupos de venta para los diarios del interior, en igualdad de condiciones con los dos accionistas mayoritarios de Papel Prensa”, haciéndole un guiño a decenas de diarios que, aunque grandes regionalmente, negocian en inferioridad de condiciones con Clarín y La Nación. Y agregó que la empresa debe incrementar su producción para evitar la importación de papel. O sea, más negocios para la sociedad privado/estatal.

Mientras no dice qué piensa hacer con esas acciones mal habidas en poder de Clarín y La Nación, el gobierno intenta meterse a los codazos en el reparto de las ganancias. Por eso mandó a intervenir en la empresa a Guillermo Moreno y nombró en el directorio nada menos que a Beatriz Paglieri, la misma que en el INDEC truchaba los índices de precios al consumidor. Lo que resta saber es cómo reemplazarán Moreno y Paglieri a la patota de UPCN del INDEC. Si los trabajadores de Papel Prensa se organizan contra los aprietes patronales, capaz que se enteran.

Aunque los Kirchner y Clarín tratan de reacomodarse y entenderse mejor, no podían faltar algunos chisporroteos. Las trompadas que volaron en una de las últimas reuniones de directorio parecen códigos propios de ese “entendimiento”. Moreno y Reposo (titular de la SIGEN y síndico de la empresa por parte del Estado) descargaron su “diplomacia” contra el abogado de la gerencia financiera, José Soaje Pinto. Más allá de los modales, el encontronazo ayudó a saber qué profesionales defienden a Clarín y La Nación. Soaje Pinto fue defensor de Facundo Uriburu -bisnieto de José Félix, primer presidente de facto-, un racista condenado en 2003 por insultar y amenazar a una anciana afrodescendiente en un supermercado. También defendió al nazi Walter Kutschmann, buscado por Alemania desde 1967 por participar en una matanza de judíos en 1941; a Seineldín, el carapintada, y a Alejandro Biondini, el neonazi dirigente de Nuevo Orden Social Patriótico.

Innobles

La otra batalla se da alrededor de la causa por apropiación que pesa sobre Ernestina de Noble. Cuando parecía que algo iba a saberse a partir de los análisis de ADN sobre las muestras extraídas el 28 de mayo, el Banco Nacional de Datos Genéticos finalmente dijo que esas pruebas no servían.

El kirchnerismo acusó a la familia Noble de contaminar las prendas secuestradas por la policía. Lo que en cierta medida choca con las afirmaciones de la jueza acerca de que el operativo había sido “ejemplar” y la veracidad de los resultados de los análisis estaba “garantizada”.

A su vez Clarín dice que el propio gobierno habría maniobrado, “frente al hecho de que no se habrían hallado coincidencias con el ADN de las familias de desaparecidos a las que podrían corresponder”.

Incluso hay quienes afirman que las verdaderas identidades de Felipe y Marcela nunca se conocerán, ya que estaría en marcha un “acuerdo” entre gobierno y Clarín para no tensar más una cuerda que, de cortarse, lastimaría a muchos.

Acertadas o no esas hipótesis, lo cierto es que los familiares que buscan a sus nietos deben seguir luchando contra el entramado judicial que oculta el destino y la identidad de más de 400 chicos apropiados.

Mientras el Gobierno y los monopolios se tiran petardos (algunos estruendosos y con olor a podrido) un relevamiento del sitio Diario sobre Diarios1 indica que desde el 8 de julio Clarín “aflojó” sus tapas rabiosas contra la corrupción kirchnerista, aminoró sus chicanas y hasta empezó a criticar más duramente a Macri.

Clarín sigue jugando su partido. Lo hizo en dictadura. Lo hace en democracia. Lo hizo con Videla, con Menem y con Kirchner. Varios funcionarios y aliados k se esfuerzan en desmentir cualquier posibilidad de arreglo con Clarín. “Imposible -dicen-, sobre todo cuando está abierta la causa por la apropiación de Felipe y Marcela” (la misma que estuvo paralizada durante todo el gobierno de Néstor, de 2003 a 2008).

Mientras, el kirchnerismo sigue sin tocar uno solo de los archivos que están en poder del Estado, con los que se accedería a datos, nombres y lugares que llevarían a la verdad de forma directa (hace unos meses la revista Veintitrés, del kirchnerista Spolsky, demostró que esos archivos existen y tienen información precisa). Felipe y Marcela están en el exterior. Ernestina sigue haciendo negocios. Magnetto está ajado pero no vencido. Papel Prensa es un polvorín, pero vende papel a lo loco y sigue contaminando. Y 6,7,8 sigue empalagándose en su “buena onda”.

1 - http://www.diariosobrediarios.com.ar/eldsd/diario/2010/julio/diario-21-julio-2010.htm

Clarín perdió, las telefónicas esperan el momento oportuno

Ley de Medios aprobada en Diputados

Publicado en La Verdad Obrera nº343

Por Daniel Satur

“La inclusión de las telefónicas tiene que ver con la convergencia tecnológica, la cual en algún momento se va a dar, es inexorable y sería intentar ocultar el sol con las manos”. Cristina Fernández de Kirchner, 14 de Septiembre de 2009

TN, miércoles, 23:20 hs. Las caras de Bonelli y Silvestre lo dicen todo. En el cierre de A Dos Voces los periodistas, enervados, lanzan el último de sus proyectiles, previo a la votación en Diputados: “Con la ley de medios k muchos canales y radios van a tener que cerrar, y van a quedar muchos trabajadores, periodistas y camarógrafos sin empleo”. Chantaje hacia la próxima votación en el Senado o crónica de un lock out patronal anunciado, lo cierto es que el Grupo Clarín acusaba así la derrota que acaba de sufrir a manos del kirchnerismo.

Al Gobierno lo perseguía de cerca la sombra de la frustrada votación de “la 125” el año pasado. Por eso estaba dispuesto a usar todos los recursos con tal de alejar la más mínima posibilidad de perder.

El “volantazo” de Cristina, anunciando que eliminaba del proyecto oficial la autorización a las telefónicas para dar triple play (TV, teléfono e Internet a través de un mismo cable y brindado por una misma empresa), allanó el camino para que la ley tuviera media sanción. La postergación de la participación de Telecom y Telefónica dejó sin argumentos a la centroizquierda (Proyecto Sur, Solidaridad e Igualdad) y al Partido Socialista, que se venían negando a votar con el Gobierno. Solanas, Lozano y Macaluse habían hecho campaña contra ese punto del proyecto oficial, dándole letra de paso a Clarín en su embestida anti K. Pero en menos de un día, la concesión del kirchnerismo despejó las piedras del camino, y con 146 votos el Gobierno logró tener media ley adentro.

Las “telcos” a esperar... un poquito nomás

El giro dado para sumar votos en la ley de medios no impedirá a las telefónicas competir con Clarín. La misma Presidenta explica la maniobra: “La inclusión de las telefónicas tiene que ver con la convergencia tecnológica, la cual en algún momento se va a dar, es inexorable y sería intentar ocultar el sol con las manos”.

Por su parte las propias telefónicas anunciaron que, si bien no les gusta quedar afuera de la nueva ley, tampoco es tan terrible. No es para menos, si ni el más “combativo” de los diputados progresistas mencionó siquiera la elemental anulación de las privatizaciones menemistas de los canales de TV y de las telecomunicaciones.

Telefónica y Telecom seguirán detentando la exclusividad de postes y cables en todo el territorio nacional (alquilándoselos incluso a otras empresas menores), manteniendo todos sus privilegios adquiridos con el remate de la vieja ENTEL. Y en una próxima etapa, con otros recursos legales, podrán entrar al triple play sin tanto ruido.

El solanismo y los ex-ARI recibieron gustosos las concesiones formales del kirchnerismo (un acto de “sensatez política”, dijo Pino) mientras se siguen garantizando los negocios de las privatizadas: Eurnekian y Werthein, empresarios amigos de los K, posiblemente se queden con la totalidad de las acciones de Telecom; y Telefónica anuncia inversiones por $1.700 millones, acompañando las políticas oficiales. Las “telcos” aceptan postergar su participación en radio y TV por el momento, y el Gobierno convence a la centroizquierda para que vote su proyecto.

El progresismo queda así atrapado en su utopía de un capitalismo no monopolista, regulado por comisiones parlamentarias y con reglas de juego “para todos por igual”. Con los artículos reformados a propuesta suya, levanta la mano en el recinto. Los monopolios telefónicos y los canales privatizados siguen haciendo millonadas por minuto. Y el Gobierno, respira tranquilo.

“Sale o Sale”

Con estas palabras TN anunciaba ofuscado que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual será un hecho consumado en pocos días más. Los empresarios amigos del Estado, las burocracias de la CGT y la CTA, los intelectuales K y muchos progresistas “críticos” disfrutan del momento de revancha contra Clarín y sus laderos “republicanos”.

La Iglesia, las camarillas de las universidades y no pocas grandes empresas, también reciben con agrado la noticia. Estas últimas, camufladas de “cooperativas” (Credicoop, Sancor) o “fundaciones” (YPF, Pérez Companc, Konex) serán las que estén en inmejorables condiciones económicas para copar el tan mentado tercio del espectro (dial y frecuencias) reservado al sector “sin fines de lucro”.

Todos ellos podrán ir ahora en busca de sus propias radios y canales. Negociarán, eso sí, con “autoridades de aplicación” menos ejecutivas de lo que pretendía el interventor del COMFER Mariotto, ya que otra negociación con la centroizquierda culminó en un ente con más composición parlamentaria.

La artillería desplegada en la disputa deja un tendal de verdades enchastradas en la pantalla. Desde Clarín denuncian los negociados de las burocracias sindicales con los remedios truchos, los aportes de las mafias a la campaña de los K y las íntimas relaciones del Gobierno con empresarios amigos.

El Gobierno y sus escribas responden relatando la oscura historia de Ernestina de Noble, sus tranzas con la Dictadura, los hijos apropiados y el largo derrotero concentrador de Clarín, el Grupo Uno y demás corporaciones. Muchas de esas denuncias, de un lado y del otro, son verdades que desnudan la podredumbre que envuelve a los capitalistas y sus gerentes. Verdades que todos saben, pero que en tiempos de calma burguesa todos guardan bajo siete llaves.

Mientras tanto, de la verdadera libertad de expresión, ni noticias. En el GrupoClarín las persecuciones a los trabajadores de prensa son una constante (ver aparte). Los 150 despedidos de Crónica, diario manejado por la UOM, son censurados cuando denuncian los atropellos y persecuciones. Y a tres años de su desaparición, Julio López también es eliminado de la agenda mediática nacional.

Expropiar y poner en manos de los trabajadores y el pueblo toda la infraestructura de la comunicación, el papel prensa (hoy en manos de la paradójica sociedad Clarín-la Nación-Estado Nacional) y las imprentas para las publicaciones, las antenas, cámaras y micrófonos para hacer escuchar la voz de las mayorías; no fue ni será un proyecto votado por un Gobierno y un Congreso llenos de empresarios, burócratas sindicales y lobbystas de los monopolios.

La real libertad para expresarnos sólo podrá venir de la mano de un gobierno de los trabajadores, que abra paso a la liberación de las masas explotadas y oprimidas del yugo del capital y de toda forma de dominación.

Cristina, Clarín y "la Ley"

EL PROYECTO DE LEY SOBRE MEDIOS AUDIOVISUALES

Cristina, Clarín y "la Ley"

Por Daniel Satur

El 18 de Marzo Cristina Fernández presentó su “Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, que reemplazaría a la Ley 22.285, firmada por Videla y Martínez de Hoz, vigente desde 1980. En seguida la oposición burguesa salió a repudiarlo, acusando al Gobierno de atentar contra la “libertad de expresión”. Elisa Carrió amenazó con "defender a los grandes grupos económicos si es para defender la libertad de prensa". Y muchos citan al proyecto como la ley “anti-Clarín”.
Lo que parece estar claro es que el tratamiento y la aprobación de la ley quedarán sujetos a la relación de fuerzas entre el Gobierno y la oposición que surja de las elecciones del 28 de junio. No es casual que Cristina haya propuesto 90 días para que el proyecto sea “discutido por la sociedad” antes de entrar al parlamento. O sea, ni siquiera es seguro que este proyecto vaya a
convertirse en ley. Analicemos algunos de los objetivos que presenta el proyecto kirchnerista.