por Daniel Satur y Martín Espinoza*
¿Que todo quede como está -y Clarín quede intacto- o que el Estado intervenga para garantizar una redistribución mediática más “equitativa”? La discusión se polariza de cara al 7D, sobre el cual hay más incertidumbres que certezas. Esta semana el gobierno logró desplazar a los jueces Farrell y Kiernan, que actuaban en la Cámara Civil y Comercial Federal donde se tramita la causa de Clarín contra la Ley de Medios. Sigue el show obsceno en la Justicia, demostrando una vez más que su independencia es una falacia.
Mientras el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, asegura que no se va “a expropiar ni estatizar” sino que se concursarán las licencias que cada grupo tenga de más según la ley; el gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, adelantó que ellos no presentarán ningún “plan de adecuación” (Reuters 30/10/12).
Los contendientes hacen su juego en nombre de la “democratización”, la “libertad de expresión” y la “pluralidad de voces”. Pero como lo dijimos desde el principio mismo de la discusión del proyecto de Ley de Medios, la disputa entre el gobierno y Clarín es una pelea entre capitalistas, ajena a los intereses del pueblo trabajador. Para comprobarlo, qué mejor que echar una (nueva) mirada sobre la realidad de ambos “bandos”.




