¿Qué era eso de la Ley de Medios?

Sabbatella, Cristóbal López y Tinelli

Marcelo Tinelli protagonizando un spot publicitario de Oil, la petrolera de Cristóbal López

Una vez más, el gobierno demostró que la Ley de Medios sólo era un instrumento ajustable a sus necesidades en la pelea de poder con Clarín, algo que no tiene nada que ver con una verdadera democratización de la comunicación y la información. Esta semana la AFSCA (la autoridad que aplica la ley) aprobó la venta de C5N, Radio 10 y otras señales por parte de Daniel Hadad a Cristóbal López, empresario amigo de los Kirchner. Y lo hizo incluso pasando por encima de artículos de la propia ley que con tanto fervor dice defender.

La derrota política del 7D

por Daniel Satur*

Ya habíamos adelantado que el 7D no iba a pasar demasiado. Nos rectificamos: en realidad pasó de todo. Eso sí, nada que tenga que ver con algo parecido a la libertad de expresión para las mayorías populares. Todo lo que vimos y escuchamos en los medios, sea desde el bando k o desde la Corpo, tuvo siempre como telón de fondo una pelea rabiosa entre bandos capitalistas
que se disputan el reparto de grandes canales de TV y radios. El kirchnerismo podía adornar su discurso con cotillón “nacional y popular”, pero cada vez quedó más claro que su objetivo era debilitar a Clarín para fortalecer a otros grandes multimedios amigos. Y Clarín podía insistir con su “periodismo independiente”, pero a esta altura Noble y Magnetto no engañan ni a la audiencia de Piñón Fijo.

Hacete amigo del juez

Los hechos de la última semana mostraron la íntima relación que hay entre las corporaciones económicas, políticas y judiciales, dejando al descubierto la falacia de la “independencia de los poderes” que durante años sostuvo el gobierno en su intento por recomponer el Estado tras las jornadas de diciembre de 2001 en las que la Justicia fue uno de los blancos de la bronca popular.
El 6D dos jueces de la Cámara Civil y Comercial (amigos de Clarín y bancados por varias  asociaciones de magistrados) le extendieron la medida cautelar a la Corpo, un día antes de que ésta cayera. Sacudido por la mala noticia, el gobierno mandó el viernes un per saltum a la Corte  Suprema pidiéndole que rechace ese fallo “escandaloso”. Pero la Corte convalidó el escándalo el lunes y rechazó el pedido oficial por “improcedente”, aunque le avisó al gobierno que podía presentar un “recurso extraordinario” ante la misma Cámara que le extendió la cautelar a Clarín. CFK ordenó entonces a sus ministros presentar ese recurso el martes y ahora espera que la Cámara del escándalo (a cuyos jueces intentó bajar de un hondazo por ser amigos de Clarín) acepte la presentación.

El gran fraude de la ley "democratizadora"

A pocas horas del 7D. Una vez más, ni con Clarín ni con el gobierno

por Daniel Satur*

Imagen: PTS Mendoza

Desde que el gobierno anunció hace algunos meses que el 7D cambiaría el mapa mediático (aprovechando el fin de la medida cautelar por la cual Clarín no podía ser obligado a desprenderse de licencias) dijimos que cualquier modificación en la estructura de los medios masivos encarada por el gobierno nada tendría de democrática ni mucho menos iría en el sentido de alcanzar una verdadera libertad de expresión para las mayorías populares y la clase trabajadora.

Lo ocurrido en este tiempo demuestra que, lejos de equivocarnos, cada paso dado, tanto desde el Estado como desde las empresas de multimedios confirma que esta pelea se reduce a una puja por la redistribución de canales de TV y radios entre grandes empresarios. ¿Más diversidad, más democracia, más pluralidad, como vociferan desde el oficialismo? Para nada.

Entre el chamuyo y la operación

La ley de medios y el 7D


por Daniel Satur*

Cada día queda más claro. El 7D puede no pasar nada. Y si pasa algo, no tendrá que ver con el fin de los monopolios ni con la libertad de expresión de las mayorías populares.

Así lo confirman el gobierno y Clarín en cada nuevo acto, demostrando que, ante todo, lo que defienden son grandes intereses capitalistas. Mientras millones de laburantes la reman sintiendo que el salario se escurre cada vez más rápido, Cristina y Magnetto suben el tono queriendo convencernos de que se vienen definiciones trascendentes. Pero la discusión, al pueblo trabajador, le es cada vez más ajena.

“Sanatella” 
Así llamaba el encuestador k Artemio López a Sabbatella en 2011, acusándolo de dividir votos con su candidatura contra Scioli en Buenos Aires. Ahora el apodo podría volver a usarse, visto las últimas apariciones públicas del funcionario. Es que el titular de la AFSCA, mientras repite que “la Ley de Medios es para todos”, empezó a tranquilizar a varias corporaciones. “Estamos estudiando cada caso”, dice Sabbatella y así evita hablar de Cristóbal López (Radio Diez, C5N), Alberto Pierri (Telecentro) y otros empresarios amigos.

Un debate sobre los medios y el Estado capitalista

La ley de medios y el 7D

por Dolores Contreras y Daniel Satur*



Cada vez más cerca del 7D y en el marco de la discusión entre el gobierno y el Grupo Clarín, en el amplio campo de medios alternativos, populares y comunitarios se mantiene abierto un debate sobre qué posición adoptar respecto a las diferentes medidas que el gobierno toma o dice que va a tomar. Ese debate también se da con algunos compañeros con los que venimos luchando en común por demandas propias. Una de las discusiones centrales es acerca de la intervención del Estado (y el gobierno k en particular) y sobre este punto queremos hablar en esta nota.

La desconcentración que plantea la AFSCA, ¿es antimonopólica?

Muchos compañeros y compañeras opinan que si el Estado repartiera los grandes medios entre un número mayor de empresarios y entregara el 33% de las licencias de radio y tv al sector “sin fines de lucro” se empezarían a acabar las prácticas monopólicas. Sin embargo, como ya lo dijimos[1], la dinámica de la política comunicacional k es hacia un nuevo esquema de concentración mediática, repartido entre Clarín y empresarios amigos del gobierno (Vila Manzano, Spolsky, Cristóbal López, Electroingeniería, Olmos, etc.).
Un excelente botón de muestra de esta tendencia es la famosa desinversión comandada por la AFSCA. ¿En qué consiste?

El 7D capaz que no pasa nada

Lo confirmó Sabbatella

por Daniel Satur*

El miércoles 14 Martín Sabbatella dio una conferencia de prensa, en la que anunció los pasos que seguirá la AFSCA a partir del 7 de diciembre en el marco de la disputa del gobierno con el Grupo Clarín. Como parte de la estrategia para obligar a Noble y Magnetto a perder su posición dominante en el mercado audiovisual, el funcionario informó cómo se va actuar “de oficio” con aquellos que no hayan presentado su plan de adecuación antes del 7D.

Primero, apertura de un listado de “oferentes” (empresarios que se anotarán para quedarse con los medios que les sobran a otros empresarios). Segundo, tasación de licencias y bienes (colocación de precios de mercado a los inmuebles, los “recursos humanos”, las instalaciones y hasta los vehículos de las empresas a licitar). Tercero, selección por parte del AFSCA de aquellas licencias que van a ser sometidas a licitación. Cuarto, licitación. Quinto, traspaso de esos medios a los nuevos dueños. Sexto, depósito del dinero obtenido de la licitación en la cuenta bancaria del grupo sometido a la “adecuación”.

Todo el proceso, según el ex intendente de Morón, llevará cien días hábiles. Es decir que, si llegara a concretarse el plan oficial, quienes esperaban brindar por el “fin de la cadena del desánimo” el 7D deberán esperar, por lo menos, hasta principios de mayo del año que viene. Eso, claro, si se concreta el plan oficial. Pero… ¿y si no se concreta?

¿Qué hacer con los medios?

La Ley de Medios y el 7D

por Daniel Satur y Martín Espinoza*


¿Que todo quede como está -y Clarín quede intacto- o que el Estado intervenga para garantizar una redistribución mediática más “equitativa”? La discusión se polariza de cara al 7D, sobre el cual hay más incertidumbres que certezas. Esta semana el gobierno logró desplazar a los jueces Farrell y Kiernan, que actuaban en la Cámara Civil y Comercial Federal donde se tramita la causa de Clarín contra la Ley de Medios. Sigue el show obsceno en la Justicia, demostrando una vez más que su independencia es una falacia.

Mientras el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, asegura que no se va “a expropiar ni estatizar” sino que se concursarán las licencias que cada grupo tenga de más según la ley; el gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, adelantó que ellos no presentarán ningún “plan de adecuación” (Reuters 30/10/12).

Los contendientes hacen su juego en nombre de la “democratización”, la “libertad de expresión” y la “pluralidad de voces”. Pero como lo dijimos desde el principio mismo de la discusión del proyecto de Ley de Medios, la disputa entre el gobierno y Clarín es una pelea entre capitalistas, ajena a los intereses del pueblo trabajador. Para comprobarlo, qué mejor que echar una (nueva) mirada sobre la realidad de ambos “bandos”.

¿Qué pasa el 7D?

CFK, Clarín y la Ley de Medios

El gobierno y Clarín no están peleando por la libertad de prensa para las mayorías populares. Están discutiendo cómo repartir cientos de licencias de radio y TV entre grupos de capitalistas amigos.

“La cadena ilegal del desánimo tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre”, dijo Cristina pocos días antes del cacerolazo de las clases medias acomodadas que la hizo aplacar sus cadenas nacionales. “El 7 de diciembre no debe ocurrir nada con los medios del Grupo Clarín”, responde La Corpo afirmando que, si “algo pasa”, será por el autoritarismo oficial.

Ambos planteos surgen de interpretaciones opuestas sobre los alcances de un fallo de la Corte, del 22 de mayo, que dice que el 7D termina la medida cautelar que presentó Clarín hace tres años para no “adecuarse” al límite de señales fijado por la Ley de Medios. Si el fallo tiene lecturas diversas es porque “los supremos” no quisieron quedar mal ni con CFK ni con Magnetto.

En sí, la Corte dijo que esa cautelar no puede ser eterna. Y al ponerle fecha abrió una disputa que trasciende lo judicial. Para el clarinismo, de mínima, el 7D comienza un plazo de un año para vender las licencias no permitidas. De máxima (a eso aspira) ese día arranca otra batalla judicial con tiempos incalculables. La idea: llegar a 2015 y, con el resultado de las elecciones, ver qué escenario se presenta.

Para el gobierno, en cambio, el 7D termina el poder de La Corpo y cientos de licencias de radio y TV pueden pasar a otras manos. 

En el medio, se tejen una y mil hipótesis.