El proyecto del gobierno para Papel Prensa
Publicado en La Verdad Obrera nº390
Por Daniel Satur y Martín Espinosa
El capítulo “Papel Prensa” de la disputa entre el gobierno y Clarín destapó una historia sangrienta. La puja por controlar la producción del papel para diarios siempre estuvo cargada de lobbies, aprietes y hasta asesinatos. La historia de Papel Prensa está impregnada de esa lógica, desde su mismo origen en 1969. Si bien la disputa con la última dictadura superó todos los límites, el ingreso de David Graiver en el negocio durante el gobierno de Lanusse no careció de irregularidades. El joven banquero había multiplicado su fortuna como empresario y funcionario del Estado. Aliado a José Ber Gelbard (ministro de Economía de Perón y dueño del monopolio del aluminio ALUAR), Graiver le administraba los fondos al Obispado platense en tiempos del fascista Monseñor Plaza a través del Banco Comercial de La Plata. Todo un exponente de la burguesía nacional agrupada en la CGE, hoy reivindicada por el “setentismo” de Cristina, que en esa alianza con el Estado ve un proyecto “dearrollista”, ocultando de paso que fue ese “empresariado nacional” el que impuso el pacto social junto a la CGT de Lorenzo Miguel, congelando salarios y reprimiendo las huelgas y protestas que se “salían del cauce”.
Aquellos choques por el control del papel de diarios demuestran, sin dudas, el carácter estratégico de esta industria. “Controlar el papel es controlar la información”, escribieron conjuntamente Clarín y La Nación el martes 24 de agosto. Los dueños privados de Papel Prensa (poseedores del 70% de las acciones) reconocían así el rol que les cabe. Ese mismo día Cristina Fernández presentaba el informe “Papel Prensa - La Verdad”, denunciando a esos medios por cometer “delitos de lesa humanidad” al quedarse con la papelera y anunciando que enviaría un proyecto al Congreso para declarar de “interés público” la producción y venta de pasta celulosa y papel para diarios. Proyecto cuyo destino dependerá de la relación de fuerzas que logren el oficialismo y la oposición en el parlamento.
Dueños de la palabra
Clarín ostenta el 49% de las acciones de Papel Prensa, La Nación el 22,5% y el Estado el 28%. Pero lo que salga del Congreso no parece representar amenaza alguna a la propiedad de “los monopolios”. El gobierno fue claro. Lo que busca es un acceso igualitario al papel para el conjunto de las empresas periodísticas.
Es que, en su condición de accionistas mayoritarios, Clarín y La Nación regulan el mercado, manejando a discreción los precios y volúmenes producidos, “discriminando” desde 1978 a otras empresas que deben importar un papel más costoso.
Detrás de los histéricos llamados de Clarín y La Nación a defender su “libertad de prensa” se esconde la más brutal defensa de la “libertad de empresa” para mantener los privilegios capitalistas.
Los clientes de Papel Prensa son casi todos los grandes diarios provinciales, nucleados junto a Clarín y La Nación en ADEPA (Asoc. de Entidades Periodísticas Argentinas). De los casi 200 diarios argentinos, Papel Prensa le provee bobinas a unos 170, alcanzando una producción de 170 mil toneladas anuales (la demanda total es de 266 mil). El resto lo importa o le compra a Papel de Tucumán, la otra fábrica de papel de diarios del país, propiedad de Alberto Pierri (ex presidente de Diputados durante el menemismo), que vende papel más caro y de menor calidad.
Por esas “desventajas”, el fundador de Crónica, Héctor García, y el menemista Julio Ramos, el fallecido creador de Ambito Financiero (que quedó afuera de aquel negociado durante la dictadura), se declararon enemigos de Clarín.
Hoy el gobierno organiza la “queja” de algunos diarios regionales, volcando parte de la publicidad oficial en sus páginas a cambio del apoyo a sus medidas. Parte de esos medios formó DYPRA (Diarios y Periódicos Regionales Argentinos) una asociación integrada por, entre otros, Diagonales de La Plata (de Sergio Spolsky), La Mañana de Córdoba (otro diario fundado por Julio Ramos) y EcoDías de Bahía Blanca (un semanario ligado al kirchnerismo y la burocracia sindical).
El objetivo oficial no es otro que favorecer a empresarios aliados para que tengan las mismas posibilidades comerciales que sus adversarios. Un objetivo marcado por la urgencia de contar con un fuerte aparato de propaganda para las elecciones de 2011.
El papel más barato sería una gran noticia para el grupo Spolsky (Tiempo Argentino, Miradas al Sur, Diagonales, El Argentino, BAE, Revista Veintitrés y Radio América) para Página/12, para Crónica (en manos de un grupo ligado a la UOM) y decenas de diarios oficialistas del conurbano y el interior.
Los intereses millonarios en juego lejos están de los “intereses públicos”. Nada tiene que ver este tironeo burgués con las necesidades de los millones de trabajadores.
Hoy como ayer, de forma más o menos violenta, la pelea que se esconde detrás de Papel Prensa es una pelea entre capitalistas.
El papel en nuestras manos
Fue Lenin quien dijo que “esa libertad será un engaño mientras las mejores imprentas y grandísimas reservas de papel se hallen en manos de los capitalistas y mientras exista el poder del capital sobre la prensa (…). A fin de conquistar la igualdad efectiva y la verdadera democracia para los trabajadores, para los obreros y los campesinos, hay que quitar primero al capital la posibilidad de contratar a escritores, comprar las editoriales y sobornar a la prensa, y para ello es necesario derrocar el yugo del capital”.
Al igual que la Ley de Medios (que acaba de ser reglamentada por un decreto presidencial), el proyecto oficial para la industria del papel prensa es otro capítulo en el intento kirchnerista por reconfigurar el mapa mediático en beneficio de empresarios amigos.
Una democratización real del acceso y la producción de información es imposible bajo la lógica capitalista que sostienen y defienden tanto Cristina como Clarín. Para que esa democratización sea una realidad, el conjunto de los recursos de la comunicación masiva, empezando por la infraestructura para producir y transmitir información deben pasar a manos de la clase trabajadora. Si el papel, los cables, las antenas, las rotativas y demás instrumentos para producir los medios de comunicación no son administrados y distribuidos equitativamente por y para el conjunto de la población, cualquier discurso en nombre de la “libertad” no hará más que encubrir restricciones basadas en la apropiación de los bienes sociales en manos de unos pocos.
Papel Prensa sólo será “pública” cuando sea expropiada sin indemnización y su producción y distribución sean puestas bajo control de los trabajadores papeleros, químicos, gráficos y de prensa.
Y sólo habrá real “libertad de expresión” para todos cuando el conjunto de las organizaciones obreras y populares, comisiones internas, sindicatos y partidos de izquierda (que hoy no tienen derecho a la expresión en los medios masivos, privados o estatales) tengan acceso gratuito al papel para difundir sus ideas y opiniones sin restricciones ni censura.
Letra muerta
El “interés público” del que habló la presidenta por cadena nacional sólo existe en la letra muerta del proyecto de ley que el viernes último ingresó a Diputados.
En apenas seis artículos el gobierno echó por tierra con toda expectativa progresista.
En concreto el proyecto deja en manos de una Comisión Bicameral de ocho diputados y ocho senadores (con mayoría de la oposición clarinista) la “responsabilidad” de seguir de cerca las reuniones del directorio de Papel Prensa. Garantía de confianza…
Y por si fuera poco, propone la formación de un “Consejo Consultivo” integrado por directivos de todos los diarios del país (¡sí, de ADEPA!), quienes sugerirán a esos diputados y senadores cómo deben “controlar” a Papel Prensa.
En las redacciones de los grandes diarios capitalinos y provinciales, íntimamente ligados a gobernadores e intendentes, ya están afilando el lápiz para sentarse a negociar.
Son miembros de ADEPA, entre otros, el Grupo Clarín (La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza), el Grupo Vila/Manzano (La Capital de Rosario, UNO de Mendoza, UNO de Paraná), Klaiserburd (El Día de La Plata), Massot (La Nueva Provincia de Bahía Blanca), Montes (Diario de Cuyo de San Juan), Romero (El Tribuno de Salta, El Tribuno de Jujuy) y Ulloa (El Periódico Austral de Santa Cruz).
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