Cristina, Clarín y "la Ley"

EL PROYECTO DE LEY SOBRE MEDIOS AUDIOVISUALES

Cristina, Clarín y "la Ley"

Por Daniel Satur

El 18 de Marzo Cristina Fernández presentó su “Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, que reemplazaría a la Ley 22.285, firmada por Videla y Martínez de Hoz, vigente desde 1980. En seguida la oposición burguesa salió a repudiarlo, acusando al Gobierno de atentar contra la “libertad de expresión”. Elisa Carrió amenazó con "defender a los grandes grupos económicos si es para defender la libertad de prensa". Y muchos citan al proyecto como la ley “anti-Clarín”.
Lo que parece estar claro es que el tratamiento y la aprobación de la ley quedarán sujetos a la relación de fuerzas entre el Gobierno y la oposición que surja de las elecciones del 28 de junio. No es casual que Cristina haya propuesto 90 días para que el proyecto sea “discutido por la sociedad” antes de entrar al parlamento. O sea, ni siquiera es seguro que este proyecto vaya a
convertirse en ley. Analicemos algunos de los objetivos que presenta el proyecto kirchnerista.


¿Contra Clarín y los monopolios?
El “Proyecto...” plantea que los medios no pueden ser monopolizados por una empresa. Para promover la “pluralidad de voces” se destinarían frecuencias de radio y TV a ONGs y fundaciones, reservándoles un tercio de las ondas aéreas técnicamente disponibles. A su vez destinaría otro 33% al sector público (gobierno nacional, provinciales y municipales), y el 33% restante a las empresas privadas. Con esta división tripartita entre las corporaciones, los gobiernos y el resto de la sociedad, el kirchnerismo pretende convencernos de que ahora sí se garantizaría el acceso a las frecuencias por parte de toda la población. Pero si entre el Estado capitalista y las empresas se reparten el 66% del “aire”, y si del 33% restante pueden participar “fundaciones” (que muchas veces pertenecen a empresas), la Iglesia (que se presenta como una institución sin fines de lucro) y otras organizaciones que son parte del poder, una primera conclusión es que el espacio a ser utilizado por el conjunto de los sectores obreros y populares será poco menos que marginal.
Si bien el proyecto oficial derogaría la Ley de la Dictadura y muchos de los decretos que la reformaron en 25 años de “constitucionalidad”, mantendría vigentes decretos del propio kirchnerismo, como el 527/05, que prorrogó las licencias de los canales de aire por 10 años a Clarín, Telefónica, Hadad y De Narváez; o la resolución que permitió en 2007 la fusión Cablevisión-Multicanal, concentrando el 70% del mercado del cable.
Al reducir la cantidad de licencias por empresa, al ser incompatible tener un canal de aire junto a una señal de cable, y al poner un límite al porcentaje del mercado que tiene un mismo prestador, el proyecto oficial podría obligar a Clarín y otros grupos a desprenderse de algunos de sus medios. A su vez, al permitir que empresas que brindan servicios públicos puedan hacerse también de medios, el kirchnerismo le abre las puertas de jugosos negocios a grupos como Telefónica y Telecom (entre cuyos accionistas están los empresarios “k” del Grupo Werthein).
También podría resentirse una parte de las millonarias ganancias que embolsa la sociedad Clarín-TyC por la transmisión del fútbol. Algunos partidos considerados “relevantes” podrían ser mirados por televisión abierta, sin tener que pagar por ellos.
Por lo tanto no estaría descartado que, llegado el caso que se vote favorablemente el proyecto, mientras algunos grupos pierdan ciertas porciones del mercado (Clarín, Grupo Uno, Cadena 3), otros las ganen (Telefónica, Telecom, DirecTV, Spolsky, Hadad, etc.).

Hecha la ley…
Sin embargo, aspectos estratégicos del negocio de las comunicaciones (en manos de estos grupos) lejos están de ser amenazados. Cristina aclaró que "una empresa puede ser propietaria de uno o mil diarios y esto no la perjudica. Esto sólo tiene que ver con el sistema audiovisual".
Tranquilizó así a Clarín y La Nación, por ejemplo, quienes desde 1977 son socios del Estado en el monopolio del papel de diario, a través del manejo compartido de Papel Prensa. E incluso dentro del “sistema audiovisual”, el proyecto oficial parece garantizarles enormes ganancias a todos los grupos que hoy concentran la televisión, el teléfono e Internet (ver recuadro).
Si bien el Gobierno se mueve al ritmo de las tensiones y disputas que se van dando entre las diferentes fracciones capitalistas (ayer amistad y negocios, hoy amenazas de algunas restricciones comerciales), lo que queda claro es que en el regateo cotidiano ninguna de las partes verá correr serios riesgos a sus intereses fundamentales.

¿Qué festeja la centroizquierda?
El acto de presentación del “Proyecto…” en La Plata resultó ser un deleite para muchas ONGs, comunicadores “progres”, dirigentes de la CTA, y decanos de las carreras de comunicación. Muchos salieron rápido a justificar su apoyo al proyecto. “Sería lamentable que la izquierda no comprendiese como tácticamente imprescindible consolidar un campo de acción mucho mejor que el actual”, escribió Eduardo Aliverti en Página 12; y con una ironía que deja más dudas que certezas se preguntaba “¿Vamos a detenernos para siempre en que este mismo gobierno es el que le renovó la licencia televisiva a ese grupo, y el que visteó la fusión de sus empresas de cable (…)?”. Pero si el mismo Aliverti no hace mucho reconocía que “apenas un afiebrado podría suponer seriamente que, con la actual correlación de fuerzas, hay espacio de algún tipo para proceder contra las porciones ya conquistadas por el poder multimediático” (Miradas Al Sur, 10/08/08), preguntarse qué hay de democratizador en el proyecto oficial, más que un “divague retórico”, es una necesidad.
Porque, más allá de conceptos formales y de largas citas sobre leyes de los sistemas europeos y norteamericano (que, dicho sea de paso, de poco sirven a la hora de pensar en medios democráticos y populares, como lo atestiguan la invasión a Irak o la masacre del pueblo Palestino por parte del Estado de Israel, que contaron con el servicio inigualable del sistema de medios imperialistas), lo que el proyecto oficial no ofrece es una idea concreta de cómo es posible desterrar a los monopolios. Es que nunca, ni siquiera en los capitalismos “exitosos”, las leyes antimonopólicas frenaron la concentración de medios de producción (tendencia inherente al sistema capitalista). Encima, si quienes dicen “combatir” a los monopolios ni siquiera cuestionan la propiedad privada de los medios, los lindos discursos de hoy serán las frustraciones de mañana. Por eso el proyecto oficial no plantea un solo punto que vaya contra las bases estructurales conformadas en décadas de neoliberalismo y concentración mediática.
En siguientes notas continuaremos analizando el “Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, abordando el debate que ya se ha abierto sobre sus implicancias económicas, políticas y sociales.