El gobierno y Clarín no están peleando por la libertad de prensa para las mayorías populares. Están discutiendo cómo repartir cientos de licencias de radio y TV entre grupos de capitalistas amigos.
“La cadena ilegal del desánimo tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre”, dijo Cristina pocos días antes del cacerolazo de las clases medias acomodadas que la hizo aplacar sus cadenas nacionales. “El 7 de diciembre no debe ocurrir nada con los medios del Grupo Clarín”, responde La Corpo afirmando que, si “algo pasa”, será por el autoritarismo oficial.
Ambos planteos surgen de interpretaciones opuestas sobre los alcances de un fallo de la Corte, del 22 de mayo, que dice que el 7D termina la medida cautelar que presentó Clarín hace tres años para no “adecuarse” al límite de señales fijado por la Ley de Medios. Si el fallo tiene lecturas diversas es porque “los supremos” no quisieron quedar mal ni con CFK ni con Magnetto.
En sí, la Corte dijo que esa cautelar no puede ser eterna. Y al ponerle fecha abrió una disputa que trasciende lo judicial. Para el clarinismo, de mínima, el 7D comienza un plazo de un año para vender las licencias no permitidas. De máxima (a eso aspira) ese día arranca otra batalla judicial con tiempos incalculables. La idea: llegar a 2015 y, con el resultado de las elecciones, ver qué escenario se presenta.
Para el gobierno, en cambio, el 7D termina el poder de La Corpo y cientos de licencias de radio y TV pueden pasar a otras manos.
En el medio, se tejen una y mil hipótesis.
