Publicado en La Verdad Obrera nº426
Por Guillo Pistonesi
Uno de los argumentos que esgrime el gobierno para hacer pasar más democrática la nueva ley electoral es que desde ahora las agrupaciones políticas no podrán contratar en forma privada publicidad electoral en radio y televisión, sino que toda propaganda electoral por estos medios será distribuida por el Estado.
Según la ley durante la campaña electoral se distribuirán sólo 6 (seis) minutos por hora por canal o emisora entre todos los partidos que se presenten en las primarias y en las generales. De esos minutos (tres) se distribuirán para todos por igual, y los tres restantes proporcionalmente a la cantidad de votos que se obtuvieron en la elección pasada. Esto, claramente, favorece a los partidos patronales que gastaron millones en la campaña anterior, en detrimento del Frente de Izquierda a quien le quedará unos míseros segundos diarios para difundir sus ideas masivamente. En la distribución vale lo mismo un canal abierto como el 13 o Telefé que un ignoto canal de cable con escaso o nulo raiting.
La propaganda política que se hace a través de los contenidos de los programas políticos o que invitan a candidatos no está en cuestión. Los partidos patronales destinan el 80% de su presupuesto multimillonario de campaña a la publicidad por TV. ¿Cuántas veces se vio a Altamira, Castillo, Montes o Pitrola en los canales de aire en las últimas campañas electorales? ¿Cuántas, por el contrario, a figuras del gobierno, el PRO o la UCR? Está claro que por un problema de clase a ninguna empresa (canal o producción de un programa) le gusta invitar a alguien que cuestione el monopolio de la información en manos de dos o tres monopolios, y por eso restringen al mínimo la presencia televisiva de la izquierda. Tampoco a quienes defiendan a los trabajadores de las empresas que auspician y sponsorean a los programas. Pero además es público y notorio que en muchos casos el que pone dinero es invitado a un programa y/o es enfocado con un primer plano mirando un partido, además de aparecer a través de la propaganda estática de las canchas tomadas por las cámaras de TV. En eso se destinarán, en comprar voluntades de productores y periodistas, los millones que se gastan para esta faena. Todo esto para no hablar de los canales cuyos propietarios son directamente políticos millonarios como De Narváez o el gigantesco multimedio que puso en pie el kirchnerismo (TV, radios, diarios). Los monopolios que manejan la radio y TV “predicen” quiénes podrán ser los ganadores, los segundos y terceros, supuestamente a través de encuestas que son manejadas asimismo por otros monopolios. Tal es así que en los “grandes debates” es casi una norma dejar afuera a los partidos de izquierda… “porque no tienen posibilidades…”.
Un régimen de campañas electorales realmente más democrático debería plantear la obligatoriedad de realizar debates en los canales de aire con todos los primeros candidatos de una misma categoría (presidente, diputados, senadores) sin discriminación alguna. Otra cuestión elemental es la posibilidad de un candidato de estar en la misma franja horaria y la misma cantidad de tiempo que un candidato equis que fuera invitado a un programa, medida que debería ser de aplicación obligatoria para todos los programas de radio y TV: o sea que si Alfonsín, Cristina u otro aparece en un programa, cualquier otro candidato debería tener su mismo derecho, con una distribución equitativa del tiempo entre todos.
La “democratización”, la “igualdad de oportunidades”, la “equidad” no es más que una sanata kirchnerista, ya que los capitalistas son los que siguen monopolizando todo, incluyendo la propaganda electoral.
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